Ikea comienza a ceder, pero pone condiciones. La multinacional sueca del mueble confirmó ayer que su intención sigue siendo el instalarse en Arroyo de la Encomienda. De esta forma, la empresa mostró su disposición de aceptar la primera de las soluciones que planteó el Gobierno regional, es decir, reducir el proyecto hasta un tercio de los metros cuadrados que había solicitado y esperar a la entrada en vigor de la normativa europea para desarrollar el resto. Todo ello, siempre y cuando la Junta de Castilla y León garantice a la empresa «jurídicamente» que en el mes de noviembre tendrá licencia para completar los 62.000 metros cuadrados solicitados en un principio por los suecos.
Las cartas se pusieron ayer de nuevo sobre la mesa en la reunión tensa y de más de dos horas que mantuvieron el presidente de Inter Ikea en España y Portugal, el director general de Inmobiliaria de la empresa, el consejero de Economía, el alcalde de Arroyo y representantes del Partido Popular y del PSOE.
En este encuentro, además de mostrar una postura común y de apoyo al proyecto, se explicó a la empresa cuál es la situación que impide la instalación completa del complejo.
En este sentido el director de Comercio de la Junta, Carlos Teresa explicó que lo que se está ofreciendo a Ikea es una opción «válida y realista», al hacer referencia a una reducción del proyecto hasta la entrada en vigor de la normativa europea.
En concreto, una puerta abierta que según el alcalde de Arroyo de la Encomienda, la empresa va a comenzar a estudiar.
«La multinacional ha dejado claro que eso le sirve siempre que tenga soporte jurídico suficiente de que van a tener esos metros», explicó José Manuel Méndez. Mañana arrancará una nueva ronda de reuniones entre técnicos de la Junta de Castilla y León y de la propia empresa para analizar esta posibilidad, aunque los representantes de la multinacional necesitan una garantía.
Carlos Teresa reconoció ayer que como el proyecto cumple todos los requisitos a excepción del número de metros cuadrados, «Ikea se encontraría en el mes de noviembre en perfecta disposición para recibir una resolución favorable». El responsable de Comercio del Ejecutivo autonómico añadió además que los responsables políticos han trasladado «la voluntad inequívoca» de cumplir estos términos para que la compañía sueca se implante en Castilla y León.
Postura «receptiva»
Por otro lado, Méndez consideró que si bien no existe un acuerdo definitivo, sí se ha desbloqueado y avanzado, aunque la decisión final tendrá que tomarse en Suecia, ya que aseguró que «los directivos de España no tienen autonomía suficiente para tomar esa decisión».
De momento, la postura es «receptiva», aunque la multinacional volvió a reiterar que su primera opción es implantar el cien por cien del proyecto, es decir los 62.000 metros cuadrados para la tienda de muebles y toda la infraestructura comercial para el resto de operadores. En el seno de esa reunión, la Junta ha trasladado a Ikea que la reducción del proyecto para adaptarse a la Ley de Equipamientos Comerciales actual no debe suponer un problema en materia de financiación. Teresa insistió en que una dilación de tres meses en una inversión de esta índole, en donde están previstas unas obras de ejecución de entre 18 y 20 meses, «no tiene mucha trascendencia».
Apoyo político
La reunión de ayer también sirvió para poner en escena una unión de las fuerzas políticas y de la sociedad para la instalación de Ikea en Arroyo.
El presidente del Partido Popular en Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano expresó que la voluntad es que «Ikea se instale y que para ello se busquen todas las herramientas legales que sean posibles», aunque también aseguró que hay que entender la mentalidad que tiene Ikea que «a veces no entiende la legalidad española y de Castilla y León y por otro lado hay que entender que la Junta no puede saltarse la legalidad», expresó. «En ocasiones, lo que los suecos quieren no es posible llevarlo a cabo porque el marco legal está ahí», añadió.
Por su parte, los socialistas expresaron que «existe voluntad por todas las partes para seguir adelante». El portavoz provincial de la formación, Juan José Zancada aseguró que «es un reto para la Junta de Castilla y León. Debe mandar ese mensaje de tranquilidad en un marco jurídico que pueda satisfacer las pretensiones de Ikea» y añadió que el proyecto ha creado «importantes pretensiones en la sociedad» en los cinco años que han transcurrido desde los primeros contactos.
