La concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, augura que la rotonda proyectada en este punto «causará diez veces más retenciones y problemas que los generados antes de la apertura de la ronda exterior por la rotonda del colegio San Agustín». El propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, aclaró al término del pleno -en el que se aprobó el recurso con los 20 votos a favor del PP e IU y el rechazo del PSOE- que las alegaciones por la vía judicial van «contra la invasión de competencias por parte de la Junta sobre nuestro Plan General de Ordenación Urbana y no contra la apertura de Ikea o Arroyo de la Encomienda». El regidor calificó de «ridícula» la «'minirrotonda'» allí proyectada y mostró, pese a todo, su voluntad de diálogo con la Consejería de Fomento para solucionar el diseño del polémico acceso. Eso, además de insistir en que se trata de una «reclamación técnica» por la que el Ayuntamiento llevará a la Junta a los tribunales «como hicieron ellos en su día con el derribo» del edificio del antiguo edificio de Monedero. «Y luego decían que si era sumiso a la Junta», concluyó en clara alusión al rechazo del PSOE.
El alcalde, de paso, anunció que la próxima semana mantendrá una reunión con los responsables de la firma sueca, a petición de ellos, e incidió en que el Ayuntamiento se limita «a defender sus derechos y los de los ciudadanos de Parquesol». Auguró, de paso, que el recurso no retrasará la apertura de este espacio.
¿Y en qué se basa el recurso? Pues en la aparente ilegalidad, a juicio de Cristina Vidal, de un plan especial diseñado por la Consejería de Fomento que contradice el PGOU al «reducir la anchura de los accesos y eliminar el carril bici». El portavoz de Izquierda Unida, Manuel Saravia, ahondó en la explicación y advirtió de que hay una «norma técnica sobre equipamiento de la Junta que da prioridad a los peatones y a los ciclistas que ni siquiera se cita en este plan especial». Saravia justificó, de paso, que su grupo defiende «el pequeño comercio» y está en contra de la «locura de la organización de los nuevos grandes centros comerciales proyectados -en alusión también a la proximidad del futuro Valladolid Arena-».
El Grupo Socialista, sin embargo, rechazó la presentación del recurso. Su presidente, Óscar Puente, justificó la postura de sus nueve concejales en «la falta de base legal para la presentación del recurso» y dudó del colapso del futuro acceso al centro comercial en tanto que «solo los ciudadanos del sur de la ciudad irán allí por la ronda mientras que el resto, y los que vengan de fuera, entrarán por la autovía».
Críticas del Grupo Socialista
Puente ironizó también sobre la incongruencia de que el actual gerente de Urbanismo, David Santana, «tenga que recurrir un plan del que es padre -por su cargo en la propia Consejería de Fomento-», lo que a su juicio demuestra que «no lo hizo muy bien en su anterior puesto». El presidente del PSOE mostró, por último, su convicción de que tras el recurso «subyace un deseo contrario a la implantación de Ikea en un municipio del alfoz».
Cristina Vidal replicó que se trata de un «recurso importantísimo para la ciudad contra un plan especial ilegal y contrario al PGOU» e insistió en que «no están en contra de la apertura de Ikea o de Arroyo». El concejal de IU, por su parte, le puso un pequeño pero a su apoyo al recordar al equipo de Gobierno que la red de carril bici no llega de momento hasta el acceso a Ikea.
